En Ecuador, las desigualdades y la pobreza permanecen. En 2006, cerca del 40% de la población vivía debajo de la línea de pobreza. Las desigualdades se sentían más en las zonas rurales puesto que el 60% de los hogares se encontraba en situación de pobreza, contra un 25% en las zonas urbanas. Dentro de la población rural, son las mujeres quienes más padecen de desigualdades en lo que es acceso a servicios, a recursos para producir, al mercado laboral y a la vida pública. El trabajo que tienen es a menudo menos remunerado o no remunerado. Además, las mujeres son sub-representadas en los espacios públicos de decisión: están solamente en un 25% de los puestos locales elegibles. La discriminación que las mujeres sufren se encuentra agravada por el machismo.
La lucha del movimiento de mujeres que ha tomado fuerza en Ecuador desde varios años, ha logrado una reforma de la ley de elecciones que establecía una cuota obligatoria de mujeres en las listas electorales. La Constitución de 2008 ha ratificado este logro exigiendo la paridad para los puestos elegibles y los funcionarios públicos. Tras las elecciones del 14 de junio de 2009, fecha en la que se eligieron mujeres en calidad de autoridades parroquiales de los 789 Gobiernos Parroquiales Rurales del país, los resultados no son los esperados a pesar de existir la paridad de candidaturas entre hombres y mujeres. Apenas un 9.9% de las electas son presidentas de los Gobiernos Parroquiales y un 20% vocales principales, lo que revela una desventaja numérica en presidencias y vocalías, existiendo un alto porcentaje en calidad de suplentes en todo el país.
Debido a la poca trayectoria e inexperiencia en la participación política de las mujeres rurales, la gran mayoría de mujeres electas enfrenta innumerables obstáculos para el ejercicio de su mandato. Son discriminadas y violentadas dentro del círculo familiar, por este nuevo rol que deben asumir. De la misma manera ocurre al interior del Gobierno Parroquial y durante su gestión pública y comunitaria.
En el caso específico de Santo Domingo, si bien hay una importante presencia de mujeres en la vida pública, la misma es aún muy inequitativa, si se la compara con la de los hombres.
En el caso de los gobiernos parroquiales rurales, sólo 2 de 7 son presididas por mujeres. Al Interior del Consejo Provincial, tenemos una Viceprefecta y 2 Presidentas de Gobiernos Parroquiales actúan como consejeras, de un total de 5.
En el Gobierno Municipal la alcaldesa es mujer y al interior del Consejo 3 de 12 consejeros(as) son mujeres.
Además, es necesario mencionar la situación de las mujeres al interior de la etnia Tsáchila (con 2600 miembros aproximadamente), donde existe una tensión entre tradición y cultura con reivindicaciones de igualdad por parte de las mujeres.
En este contexto se explica el interés del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de fortalecer la presencia, reconocimiento e incidencia de las mujeres rurales en las decisiones políticas, tanto al interior de sus comunidades como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Por ello, para nosotros la AMJUPRE es un aliado estratégico en ésta tarea, ya que desde el 2005 apoya y fortalece individual y colectivamente la capacidad de las mujeres rurales, para que realicen una gestión local eficiente en las jurisdicciones locales que representan: los Gobiernos parroquiales.
